Descripción:

Jesús Mª Terciado Valls

Presidente de CECALE

Comprendo y participo del interés que ha suscitado el anuncio de la puesta en marcha de un plan de infraestructuras para España, de ejecución inmediata y con carácter extraordinario. E insisto en ello porque, de acuerdo con las declaraciones realizadas por el presidente Rodríguez Zapatero y el ministro de Fomento, José Blanco, no se trata de un nuevo plan, sino del anuncio de un compromiso de ejecución de una serie de proyectos, calificados de prioritarios, que ya formaban parte de los comprometidos por el Gobierno para esta legislatura. Es decir, un plan de rescate, más bien.

Es como si la censura hubiera ocultado una parte esencial de la línea argumental de esta película: de la política de rentas, incluidos los discutibles planes E, a un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) que permita el rescate de algunos de los proyectos contemplados en el plan ordinario -el PEIT, inviable por ahora-, gracias a la participación del sector privado, que gestionará y adelantará la inversión con cargo a un canon por la concesión durante 25 ó 30 años, a partir de 2014.

En realidad, lo que el presidente Zapatero hizo el pasado 7 de abril en el marco de la Estación de Chamartín de Madrid, en la solemne presentación del PEI junto al ministro Blanco, fue pedir un voto de confianza más a la ciudadanía, un nuevo acto de fe en la bondad y en la eficacia de la novedosa iniciativa. Una manera de admitir, sin confesar, su fracaso en el manejo de la crisis económica y la pérdida de los más de dos años que han transcurrido desde que España comenzó a acusar los efectos de las hipotecas basura.

Creo sinceramente que se trata de una muy buena iniciativa. Aunque lamento, junto a un buen número de empresarios, que se haya diseñado tan tarde, a pesar de la insistente demanda que en tal sentido hemos formulado desde las organizaciones empresariales. Porque, ¿cómo es posible que, después de dos años de crisis severa, el Gobierno haya mantenido su tradicional política de rentas como principal herramienta de reactivación? ¿Cómo es posible que, tras la experiencia de 2008 y 2009, el Gobierno impulsara unos Presupuestos Generales que se convirtieron en papel mojado antes de que concluyera el primer mes de su entrada en vigor? ¿Cómo es posible que haya perdido tanto tiempo antes de plantear, al menos, la reducción del gasto corriente, la contención de la deuda y la apuesta por el sector productivo como vía más eficaz para reactivar la economía y el empleo?

El anuncio de un nuevo plan de infraestructuras, extraordinario o no, es por tanto una muy buena noticia. Aunque encierra una rectificación importante. Y una autocrítica no confesada, por parte del Gobierno de la nación. Pero es una buena noticia, que celebraremos probablemente todos si se hace realidad a corto plazo, como se ha anunciado.

Desde el punto de vista de su planteamiento, el PEI que ha confeccionado el ministro Blanco supone, en efecto, una rectificación por parte del Partido Socialista, que celebro, por cierto. Después de su prolongada negativa a abrir los proyectos públicos al capital privado, tras enfatizar su temor a la progresiva privatización de determinados servicios públicos y después de movilizar irresponsablemente a buena parte de la ciudadanía en contra de esas iniciativas, ahora anuncia una inversión -con cargo al sector privado- de nada menos que de 17.000 millones de euros en grandes proyectos de infraestructura de carácter estratégico para el desarrollo del país.

Insisto en que comparto y participo de la idea. Y, por ello, lamento que el presidente Zapatero no haya podido anunciar una inversión mayor -de 27.000 millones de euros, por ejemplo-, como hubiera sido posible, muy probablemente, si en lugar de los dos planes E hubiese optado en 2009 por un replanteamiento en firme del PEIT que garantizase su completa ejecución.

Confío plenamente en la viabilidad de la nueva iniciativa, si se formaliza en las próximas semanas y es aprobado en sede parlamentaria, como ha anunciado José Blanco. Y deseo, además, que salga del Parlamento con el mayor respaldo posible.

Estoy seguro, además, de que la iniciativa privada satisfará las expectativas, dada su dilatada experiencia y su competitividad en los mercados internacionales, Y celebro el compromiso del BEI, del ICO y, sobre todo, del sector financiero, según anunció el presidente Zapatero. Aunque me sorprende que el sector haya asumido dicho compromiso, cuando ni bancos ni cajas han sido capaces de atender en estos años una demanda similar, incluso menos ambiciosa, por parte de las pymes españolas y de los autónomos. Pero entiendo que el compromiso es firme y se hará realidad en el segundo semestre del ejercicio, periodo en el que prevén formalizar las primeras licitaciones.

Otra cosa será la selección de los grandes proyectos que conformen el PEI y, de ellos, los que se refieran directamente a la mejora de las infraestructuras de transportes en Castilla y León. De momento, el Gobierno ha optado por no hacer pública su propuesta, probablemente a la espera de recabar los apoyos parlamentarios que garanticen su aprobación. Y para esquivar, por ahora, la polémica sobre el mayor beneficio a unas comunidades autónomas en perjuicio de otras.

Sí se ha informado que el Gobierno ha decidido destinar 10.000 millones a infraestructuras ferroviarias (el 70%) y siete mil a carreteras (el 30% restante). Por lo tanto, si se lleva a cabo esa primera selección, las organizaciones empresariales de Castilla y León debemos entender que se mantendrán los proyectos de alta velocidad previstos, aunque quede la eterna indefinición para Ávila y Soria. Y por otro lado, las autovías del Duero (A-11), del Camino (A-12), Ruta de la Plata (A-66), el tercer carril Tordesillas-Valladolid y Valladolid-Palencia, así como la Valladolid-León. Aunque mucho me temo que este último proyecto se dilatará aún más en el tiempo, como hasta ahora, y que no se abordará ninguna mejora en el eje Ávila-Segovia-Soria, tan importante para la cohesión de la Comunidad y para la dinamización de la actividad en el Sur y el Este de Castilla y León.

Confío en que el Gobierno de España, y en particular el ministro José Blanco, mantenga los compromisos adquiridos en Valladolid, el 2 de junio de 2009, hechos públicos tras su encuentro oficial con el Presidente de la Junta. En otro caso, habría que considerar que el anuncio del PEI -tardío, aunque necesario- formaría parte de una nueva estrategia de marketing, cuyo objetivo sería el intento de recuperación de la credibilidad perdida en estos años por parte del presidente Rodríguez Zapatero, precisamente en una coyuntura política adversa para el principal partido de la oposición. Es decir, una cuestión de oportunidad política, más que una cuestión de Estado.

Fecha de publicación: 19/04/2010
Medio: Diario de Ávila, Diario de Burgos, Diario Palentino, El Adelantado de Segovia y El Día de Valladolid