Descripción:

Jesús Mª Terciado Valls

Presidente de CECALE

A escasas fechas del vigesimoséptimo aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (25 de febrero) por parte de las Cortes regionales, consciente de las dificultades que representa aún el desarrollo del proyecto político y jurídico de esta Comunidad Autónoma, comparto la opinión de quienes han expresado una sensación agridulce como balance de la andadura de los castellanos y leoneses en la corta historia de la España de las autonomías.

Es verdad, como pone de manifiesto la realidad que nos rodea, que se ha avanzado espectacularmente en términos de descentralización y de autonomía política. Y no es menos cierto, al mismo tiempo, que se han puesto al descubierto con frecuencia demasiados intereses particulares, ajenos al proyecto aprobado por las Cortes de Castilla y León, sede de la soberanía popular de estas nueve provincias, aquel 25 de febrero de 1983. Actitudes, claro está, comprensibles en algunos casos, consecuencia probablemente del sentimiento colectivo de abandono histórico por parte de algunos territorios. Aunque muy incomprensible, ilógico y contrario a los intereses generales de los ciudadanos en otros muchos casos, en los que ciertas minorías se han servido -y se sirven aún- de su privilegiada posición para manipular en beneficio propio la opinión general de los ciudadanos.

Confío en el valor de la autocrítica, en este contexto, como antesala de la asunción de compromisos y de la aplicación de medidas correctoras en beneficio del bien común. Y al respecto, me uno a quienes consideran que no hemos sabido poner en valor -o al menos, no suficientemente-, los elementos que nos unen, favoreciendo así el protagonismo de los aspectos particulares, locales o territoriales, que ni siquiera -en muchos casos- concentran el interés de toda una provincia. Lo que explica que tanto responsables políticos, como empresariales, sindicales o profesionales de las jóvenes estructuras asociativas autonómicas hayamos pasado de puntillas en más de una ocasión ante supuestos liderazgos locales o territoriales, con el fin de salvaguardar la pervivencia de las precarias estructuras regionales, alimentando indirectamente, al mismo tiempo, una progresiva destrucción de la credibilidad del proyecto autonómico.

Éste es el marco en el que, a mi juicio, evoluciona el sorprendente debate en torno a la reestructuración del sector financiero de Castilla y León, ajeno prácticamente hasta la fecha al proceso de adaptación a la nueva realidad constitucional, a pesar de los 27 años transcurridos. Y me refiero específicamente, ahora, al sector integrado por las seis cajas de ahorros con sede en Castilla y León.

Cajas de ahorros centenarias, en efecto, que nacieron por iniciativa pública (ayuntamientos y diputaciones) o privada, en menor número, pero siempre con vocación de servir al bien común de los ciudadanos en el ámbito territorial de su competencia. Es decir, en origen, instituciones muy próximas a los ciudadanos de su territorio, con una clara vocación de ayudar a las clases medias y bajas, también en las zonas rurales -combatiendo muy eficazmente la usura-, y sin ánimo de lucro, lo que ha redundado en una exitosa e histórica rentabilidad social.

Esa es, en definitiva, la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros que tanto bien han generado, también en la actualidad, como pone de manifiesto el elevado volumen de impositores que concentran (el 54% del ahorro regional). Y cuya fortaleza ha aumentado progresivamente entre los parámetros de la proximidad y la confianza.

Es verdad que han evolucionado. Y muy saludablemente. Que se han profesionalizado, que han mejorado en términos de competitividad, que se han expandido, que se han bancarizado. Pero sin perder en ningún momento su naturaleza jurídica, su peculiaridad, su razón de ser... Es decir, sin desprenderse de las claves que explican precisamente su fortaleza y su éxito.

Incluso, en estos 27 años de andadura autonómica, el sector financiero ha emitido signos inequívocos de querer evolucionar también con la inmensa mayoría de los españoles, adaptándose tímidamente al nuevo mapa de la España de las autonomías, superando las viejas barreras provinciales. Ejemplo de ello fue la constitución de Caja España como consecuencia de la fusión de las cajas de ahorros de León, Zamora, la Municipal de Palencia y las dos entidades de Valladolid. O por otro lado, el vertiginoso crecimiento de la actual Caja Duero, como consecuencia de las absorciones de la Caja de Ahorros y Préstamos de Palencia, la Rural de Ávila, la Rural de Extremadura, su fusión con Caja Soria y la adquisición parcial del Crédit Lyonnays. Y más recientemente, el propio proceso de fusión aprobado el pasado 5 de enero por los consejos de administración de Caja Duero y Caja España.

Iniciativas, todas ellas, no sólo plausibles, sino muy coherentes y bien entendidas por la opinión pública, salvo muy contadas excepciones. Y además, en la lógica de la evolución de un mercado que ha exigido un paulatino fortalecimiento del sector para responder con garantías a los nuevos retos financieros, empresariales y sociales.

Sin embargo, ése proceso de reestructuración y fortalecimiento se frenó en seco a finales de la década de los noventa contra todo pronóstico. Y los máximos responsables del sector financiero regional pasaron de defender -con una incomprensible cerrazón, por cierto- su negocio tradicional a apostar por una desbocada inversión en el sector inmobiliario, extraordinariamente rentable y soporte de su impresionante expansión por todo el territorio nacional.

El imparable crecimiento de los márgenes, el abultado volumen de beneficios, las crecientes oportunidades de negocio y, también, su proporcionado retorno social, convirtieron a los gestores de las cajas castellanas y leonesas en verdaderas estrellas de las finanzas y del desarrollo, no sólo autonómico, sino fundamentalmente nacional.

Quizá por ello, en fin, acogieran con una sonrisa más bien irónica la propuesta del Pacto de Integración que suscribimos los empresarios de Castilla y León junto al Gobierno regional, los principales partidos políticos y una parte de los agentes sociales, ya que a última hora se descolgó del acuerdo una de las dos centrales sindicales mayoritarias para sorpresa de todos. Otro motivo para la autocrítica, que encaja perfectamente en las reflexiones que encabezan este texto.

Algunos, no pocos, interpretaron aquella iniciativa como una injerencia, como un atropello a la independencia del sector financiero regional. ¿Se hubieran expresado en los mismos términos si la propuesta se hubiese dirigido a otro sector? Porque la experiencia más próxima invita a contar con el respaldo generalizado ante iniciativas similares con respecto a la minería, a la automoción, a la agroindustria, a la distribución...

Lo que ocurre, además, es que aquella propuesta de Pacto de Integración que formulamos abiertamente, sinceramente, el 30 octubre de 2008 como una fórmula de reordenación natural del sistema financiero regional, en función de criterios al servicio del bien común de los ciudadanos de Castilla y León, pocos meses más tarde se convirtió en una necesidad imperiosa. La crisis de los mercados financieros internacionales y el desplome del sector inmobiliario han situado, también a nuestras cajas, en una posición verdaderamente difícil. Y ya no están llamadas sólo a completar altruistamente la arquitectura autonómica de Castilla y León, sino que están obligadas a apoyarse unas con otras para garantizar su propia continuidad.

Es aquí, en este punto preciso, en el que aparecen de nuevo las viejas divergencias sobre la oportunidad o no de sumar intereses regionales o buscar la complicidad de apoyos en otras comunidades... O incluso el eufemismo de exhibir una supuesta independencia de los poderes políticos como argumento para justificar aspiraciones particulares, si no personales.

Pues bien, consciente de la diversidad de criterios al respecto, también en el seno de la confederación empresarial que presido, me uno decididamente, firmemente, inequívocamente al criterio de quienes defienden el mantenimiento de la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros de Castilla y León. Creo que deben mantener su proximidad al ciudadano, que deben seguir siendo cómplices y motor de sus proyectos de desarrollo, que deben renovar su compromiso con los empresarios y las clases medias, que deben consolidar el beneficio social que aportan...

Consecuentemente con ello, creo que las cajas de ahorros están llamadas a seguir avanzando en su proceso de adaptación a la España de las autonomías; es decir, que sus actuales responsables están moral y políticamente obligados a despojarse de sus criterios particulares en beneficio de los que presiden el bien común de los ciudadanos de Castilla y León. Y por tanto, a afrontar sin complejos un último proceso de integración del sector financiero regional para, posteriormente, seguir defendiendo los intereses generales de los ciudadanos de esta Comunidad en los mercados nacional e internacional.

Dos breves apuntes más para concluir. 1) No he considerado los argumentos técnicos que justifican la integración de las seis cajas de ahorros, ya que además de conocidos, ponen de manifiesto claramente la viabilidad y la fortaleza de la entidad resultante. 2) Lamento profundamente que algunas de las cajas contemplen la posibilidad de establecer alianzas con entidades foráneas, no sólo porque ponen de manifiesto con esta alternativa la enorme carga demagógica que presidía su supuesto interés por mantenerse fiel a su provincia, sino porque incorporan -en franca minoría- a consejos de administración con criterios de decisión muy nobles, pero ajenos a los intereses de sus territorios de origen.

Fecha de publicación: 4/02/2010
Medio: El Mundo de Castilla y León