Descripción:
La ligera subida del IPC en el mes de abril, una décima en Castilla y León superior a la media nacional, sitúa la tasa interanual en el 1,7%, un nivel similar al de hace dos años. Aún cuando el índice inflacionario esté alcanzando cotas aceptables, el hecho no permite aventurar mejora alguna en los mercados toda vez que la tasa subyacente, la que no incluye ni carburantes ni alimentos elaborados, ha registrado un signo negativo, hecho que no ocurría desde 1986. Con todo, los empresarios consideran la evolución inflacionaria de abril parcialmente aceptable, con cautelas y con el temor de que la subida anunciada del IVA produzca una inflación incontrolada a corto plazo, hecho que dificultaría la recuperación económica.

La situación de los mercados no mejora al ritmo esperado y ello es consecuencia de una política económica que impide su dinamismo desde el momento en que el dinero circulante no aumenta en el mundo empresarial y como consecuencia de que las rentas disponibles disminuyen las posibilidades de la demanda interna.

Por ello y al margen de que las medidas anunciadas por el Gobierno llegan tarde, aunque van en línea con las que CEOE ha propuesto siempre, los empresarios de Castilla y León siguen pidiendo cambios estructurales que permitan incrementar la actividad económica, crear empleo y generar ingresos capaces de paliar el déficit público, dinamizando así los mercados y haciendo posible una evolución armónica de los precios con la lógica repercusión fiscal que ello conlleva. Es precisamente en la reforma de la fiscalidad empresarial y de los costos sociales  donde el empresariado pone mayor énfasis para que el sector productivo pueda colaborar de forma más decidida con la necesaria recuperación que España, y lógicamente Castilla y León, necesita.

CECALE entiende que para compatibilizar el ajuste del gasto público con la recuperación económica, además de algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno, es imprescindible adoptar reformas económicas que puedan estimular la actividad económica y reducir el pago de intereses de la deuda pública, contribuyendo por ambas vías a la corrección del déficit público. Las reformas económicas más urgentes y con mayor incidencia positiva sobre el equilibrio de las cuentas públicas y la prima de riesgo país son la del mercado de trabajo, la de las pensiones, la del sistema sanitario y la del sistema financiero, todas ellas ya pedidas por las organizaciones empresariales y sobre las que no se está incidiendo cuando está demostrado que la demora en su adopción harán más dificultosa la recuperación.

Por otra parte y dada la alarmante situación generada de déficit, los empresarios creen que el Gobierno debería intensificar el protagonismo del sector privado en la provisión de servicios públicos, lo que permitiría aumentar la eficiencia y reducir el coste de producción de dichos servicios. Asimismo, existe un margen muy amplio para conseguir ahorros presupuestarios llevando a efecto de manera urgente las  privatizaciones y liberalizaciones pendientes.

Fecha de publicación: 14/05/2010