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Foro de Nueva Economía

Intervención del presidente de CEPYME, Jesús Mª Terciado Valls

Descripción:

Saludos y agradecimientos,

Quiero agradecer a todos ustedes su presencia en este acto, en el que quisiera poner de manifiesto cuáles son las inquietudes de las pymes en estos momentos, así como las propuestas que estamos realizando desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Una de las dos organizaciones empresariales más importantes de nuestro país, el alma de CEOE, diría yo.

Soy consciente de la responsabilidad que asumí en junio de 2010 al encabezar una candidatura de Unidad Empresarial a la dirección de los órganos de gobierno de CEPYME.

Y soy consciente de la responsabilidad que supone el amplísimo respaldo que nos otorgaron los pequeños y medianos empresarios, cuyo mandato no es otro que trasladar sus inquietudes y preocupaciones a las instituciones competentes en un momento de gran dificultad como el que nos encontramos.

Además, en estos meses hemos querido poner nuestra maquinaria a punto y promover nuevos instrumentos para facilitar los servicios que demandan las pymes y los empresarios autónomos.

Lo primero que me gustaría trasladarles, al inicio de esta intervención, es la gran preocupación que alberga actualmente al empresario, no sólo por los efectos de la grave crisis que padecemos, sino por la mala gestión que han realizado al respecto los poderes públicos.

En el entorno económico internacional se advierten síntomas de recuperación que, aunque no invitan al optimismo, sí apuntan una cierta normalización a medio plazo.

En España, lamentablemente, seguimos en el fondo de la crisis. Los indicadores, en general, arrojan variaciones negativas en términos anuales. Y los datos más positivos reflejan aún una gran debilidad.

Lo cierto es que la severidad de la crisis está provocando un prolongado y duro ajuste, tanto en el tejido empresarial como en la economía de las familias.

La caída de los ingresos y la incertidumbre, cuando no la desconfianza, han provocado un paulatino recorte en el gasto de las familias, que se ha traducido en un incremento en las tasas de ahorro y en una acusada reducción del consumo.

Como consecuencia, todas las empresas han tomado medidas urgentes de ajuste, que se han traducido en una reducción de costes, también de personal, cuando no en el propio cese de actividad.

De hecho, en estos 42 meses de crisis, en España se ha destruido el 13% del tejido empresarial, debido al cese de actividad de unas 185.000 empresas. Y el 9% del colectivo de autónomos; es decir, unos 276.000 autónomos. La cifra global de desapariciones de empresas es de 461.000.

Mientras ha sido noticia destacada el proceso de ajuste de las grandes compañías españolas, se ha producido al mismo tiempo un silencioso proceso de destrucción masiva de pymes y empresarios autónomos, que no han podido sortear los efectos de esta severa crisis y que probablemente, en muchos casos, no volverán a incorporarse al tejido productivo de nuestro país.

En estos 42 meses han desaparecido

  • Más de 136.000 microempresas (1-9 trabajadores).
  • Más de 45.000 pequeñas empresas (10-49).
  • Cerca de 5.000 medianas empresas (49-250).
  • Y 205 empresas grandes (+250 trabajadores).

Los efectos de la crisis han sido especialmente demoledores para las pequeñas empresas (-25%) y las medianas (-17%), mientras que las micro se han reducido en un 11% y las grandes en un 4%.

Algo que también se ha reflejado en términos de empleo, ya que en este periodo las pymes han perdido el 19,1% de sus trabajadores, frente al 1,4% de las grandes empresas.

Y desde el punto de vista de la rentabilidad, los beneficios de las pymes han descendido 10 puntos más que el de las grandes empresas, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

En conjunto, se podría asegurar que el número de empresas en España ha experimentado un retroceso muy importante, hasta situarse en tasas similares a las del año 2004.

Un proceso, en fin, que explica el desbocado incremento del desempleo en España, instalado ya en el 20% de nuestra población activa, cuya tendencia sigue lamentablemente al alza, y que contemplamos con una rabiosa resignación como la expresión más dramática de este periodo de crisis.

La pyme, tan resistente generalmente a los periodos de adversidad por las ventajas que ofrece su tamaño y por su complicidad con el territorio en el que opera, en muchos casos no ha podido superar sin embargo dificultades añadidas a la propia debilidad de la economía. Me refiero a aspectos tan determinantes como

  1. La rigidez del mercado laboral.
  2. El brutal incremento de la morosidad, pública y privada.
  3. El repentino y desesperante cerrojazo de las fuentes tradicionales de financiación.
  4. Las dificultades de las pymes para acceder a nuevos mercados.

Y, en fin, por no alargarme más, añadiré un quinto punto, que se refiere al retraso en la incorporación de las pymes a las nuevas tecnologías.

Al igual que se ha producido en las economías domésticas, las empresas han experimentado un proceso natural de contención, con el fin de ajustar su volumen de gastos al nuevo estado de sus ingresos.

Por el contrario, se ha producido un desbocadocrecimiento del gasto público, que incluso se ha mantenido en este periodo de crisis. Algo que se refleja en el hecho de que las administraciones hayan asumido un extraordinario... un exagerado protagonismo en España.

Un papel predominante que hemos tolerado entre todos y que ha dado carta de naturaleza a su omnipresencia, más allá de su natural vocación de servicio al ciudadano.

A modo de ejemplo, les diré que el peso del gasto no financiero del conjunto de las administraciones públicas en relación con el PIB ha aumentado en diez puntos durante los últimos ocho años, hasta instalarse prácticamente en el 50% del mismo.

  • Casi 199.000 millones de euros en 1995
  • Más de 246.000 millones en 2000
  • Casi 327.000 millones en 2004
  • Más de 412.000 millones en 2007
  • Más de 485.000 millones en 2009 (es decir, 72.500 M. más en crisis).

Buena parte del incremento se debe al aumento del gasto de las comunidades autónomas, que se ha multiplicado por 1,5 en este mismo periodo.

  • 43.000 millones 1995
  • 70.000 millones 2000
  • 112.000 millones en 2004
  • 158.000 millones 2007
  • 173.000 millones 2009 (15.000 M más en plena crisis)

Sin embargo, en contra de toda lógica, también han aumentado los gastos no financieros gestionados por la Administración central del Estado, desde los 73.000 millones del año 2004 a los más de 100.000 en 2009.

  • 68.000 millones 1995
  • Bajó a 63.000 millones 2000
  • 73.000 millones en 2004
  • Subió a casi 90.000 M 2007
  • Y más de 100.000 M 2009 (10.000 más en plena crisis)

Y algo muy similar ha sucedido en las corporaciones locales, cuyo gasto se ha duplicado en los últimos diez años.

  • 22.500 millones 1995
  • 31.000 millones 2000
  • 40.000 millones 2004
  • 58.000 millones 2007
  • 66.000 millones 2009 (8.000 M más en plena crisis)

Es decir, hasta los recortes aplicados en 2010, el gasto de las administraciones públicas había entrado en una espiral de crecimiento insostenible, incrementándose incluso en plena crisis, en clara contradicción con las estrategias de eficiencia más elementales.

Consecuencia de ello, como es bien sabido, ha sido el vertiginoso crecimiento del déficit público, que pasó del superávit en el año 2007 al 11% negativo de 2009. Y el aumento de la deuda pública, que se duplicó en casi cuatro años.

Después de ponerse en evidencia la inviabilidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2010, que fueron rectificados a los 20 días de su entrada en vigor, tampoco los primeros recortes importantes (anunciados en mayo) tenían un carácter estructural...

Aunque, ciertamente, las sucesivas medidas de austeridad y el incremento de la presión fiscal registrado en 2010 han permitido alcanzar los objetivos de déficit, al menos en la administración central (5,1%), si bien se necesitará un mayor compromiso, también de las comunidades autónomas, para alcanzar el objetivo del 3% en 2013.

En todo caso, creo que las administraciones han tardado demasiado tiempo en entender que no se trataba de dejar el jet en la pista del aeródromo a la espera de tener dinero para combustible. No. Se trataba, más bien, de sustituir el jet por un abono en una aerolínea de bajo coste.

Lo que quiero resaltar es que la actitud de las administraciones ha sido tibia y perezosa. Y que se ha visto espoleada únicamente como consecuencia de las amenazas de terceros países y de la presión de los mercados internacionales.

No se puede entender de otra manera ante paradojas como las que nos reveló la EPA del tercer trimestre de 2010: 90.000 empleos públicos más, en una etapa de declarado recorte del gasto corriente y de rebaja de salarios...

Y en general, todas las administraciones han reaccionado justamente en dirección contraria a la que se aconseja en épocas de crisis: han mantenido el esfuerzo en el gasto corriente y han dejado caer a plomo la inversión productiva desde 2010.

El efecto de esta actitud  ha sido, y es, enormemente negativo.

Por un lado, se ha generalizado la sensación de incertidumbre.

Por otro, prolonga la agonía de unos servicios públicos insostenibles, aumenta la presión fiscal y neutraliza cualquier intento de dinamización del tejido productivo.

Y en tercer lugar, por no extenderme más, incentiva la desconfianza de los organismos internacionales y de los países de nuestro entorno, al tiempo que penaliza la competitividad de las empresas españolas en el exterior.

Como consecuencia de todo ello, las empresas españolas mantienen un alto nivel de endeudamiento, pese al fuerte proceso de desapalancamiento que han experimentado en 2010. Y al mismo tiempo, padecen las consecuencias de la fuerte restricción del crédito y de su clara desventaja en los mercados internacionales.

Pero es que, además, creo que el singular cambio de discurso del Gobierno, que desde hace unos meses se aproxima bastante más a las tesis que hemos defendido los empresarios, no responde (o no ha sido presentado así, al menos) a un meditado proceso de rectificación de su discurso ideológico... Aunque, sin embargo, sí es cierto -por lo que hemos observado- que intensifica su iniciativa reformista al ritmo de los repuntes de la prima de riesgo país.

Quisiera referirme ahora, aunque muy brevemente, al gran reto de la financiación que tienen por delante las pymes, que es uno de nuestros problemas más graves y de mayor trascendencia, y yo diría que el origen de la mayor parte de los procesos concursales o de quiebra.

Como seguramente conocen todos ustedes, el 86% de las pymes españolas sufren numerosos problemas para acceder a un crédito. Muchas de ellas no lo logran. Y las que sí lo obtienen, se ven obligadas a afrontar un esfuerzo mayor, tanto en garantías como en costes.

Sabemos que sí existe un mercado crediticio abierto para el sector público, pero desconocemos cuál es el stock disponible para las empresas y, en concreto, para las pymes.

Los créditos del sistema bancario total de nuestro país para el sector público, que ascendían a 38.300 millones de euros en 2007, casi se han duplicado hasta 2010, al situarse en los 70.000 millones.

Por el contrario, los créditos totales del sistema bancario al sector privado se estancaron en 2008 y 2009, mientras que a lo largo de 2010 se han reducido en 32.000 millones de euros, lo cual ha sido determinante para las pymes.

En este periodo de crisis, les decía, el 86% de las empresas ha encontrado numerosas dificultades para acceder al crédito. Pero es que, además, las que lo han logrado (casi un 68%) se han visto obligadas a realizar un mayor esfuerzo.

En concreto, el 82% de las empresas declara haber tenido que afrontar un mayor gasto por intereses y comisiones, así como más garantías, al tiempo que se han reducido los plazos de amortización.

Incluso, en casi la mitad de los casos, los empresarios han tenido que aportar garantías personales para acceder al crédito.

Por lo tanto, comprenderán la importancia de nuestras reclamaciones, cuando insistimos ante las instituciones competentes en la necesidad de que se culmine cuanto antes el proceso de reestructuración del sector financiero nacional. Creo sinceramente que este proceso se está demorando demasiado, en perjuicio de los clientes y, en especial, de las pymes.

Y no les oculto nuestra gran preocupación al respecto, sobre todo en lo que se refiere al proceso de reconversión de las cajas de ahorros.

En mi opinión, el sector de cajas ha reaccionado tarde y, al final, precipitadamente.

Y además, creo que se ha generado una enorme confusión.

Primero, tras insistirnos durante meses en que el sector gozaba de una relativa buena salud, se nos anuncia por parte del Gobierno la creación de un fondo especial para sanear las cajas (el FROB), con capacidad para inyectar más de 90.000 millones de euros. Sin embargo, las entidades solamente solicitaron 13.000 millones.

Y en segundo lugar, esta misma semana se nos comunican nuevas medidas de saneamiento, que no sólo contemplan la creación de un nuevo fondo especial de 20.000 millones, sino que abren la puerta a la privatización de las cajas de ahorros. Y ahora, con el horizonte temporal del mes de septiembre próximo.

Es decir, en poco más de un año hemos pasado de considerar que el sector gozaba de una relativa buena salud, capaz de recuperarse del catarro inmobiliario con un par de aspirinas, a contemplar a un enfermo abocado a una urgente operación quirúrgica.

Los pequeños y medianos empresarios, que nunca nos hemos visto suficientemente representados en los órganos de gobierno de las cajas, abogamos por la urgente recuperación del sector.

Creemos que, en efecto, debe abrirse al capital privado. Pero lo más urgente, a nuestro juicio, es que se normalicen cuanto antes su actividad crediticia y abran las puertas de nuevo a la financiación de las empresas. Y en este sentido, mejor en febrero que en septiembre.

Llegados a este punto, la cuestión que se plantea es:

  • ¿Qué hacer ante esta situación?
  • ¿Cómo debemos afrontar el futuro, a corto y medio plazo?

En mi opinión, lo primero que debemos hacer es asumir que España se ha empobrecido.

Es verdad que, en su reciente afán reformista, el Gobierno ha anunciado medidas importantes y de calado. Pero no es menos cierto, al mismo tiempo,  que, además de proponerlas, es necesario aplicarlas cuanto antes.

Y aunque el debate se ha polarizado, primero, en torno a la reforma laboral y, después, acerca del sistema de pensiones, bien saben todos ustedes que el plan de reformas debe ir mucho más allá.

  • Debemos culminar, cuanto antes, el proceso de reconversión del sector financiero, como les decía hace unos instantes.
  • Es preciso llevar a cabo una verdadera reforma laboral, profundizando en la ya aprobada, que permita flexibilizar realmente el mercado de trabajo y la negociación colectiva.
  • Debemos simplificar nuestra estructura institucional y administrativa, tanto estatal como territorial
  • Hay que replantear el sistema público sanitario, el sistema público educativo, los servicios sociales que se pueden prestar, el sistema de pensiones...
  • Debemos garantizar la pervivencia del mercado único nacional.
  • Debemos, en fin, confiar a la iniciativa privada la mayor parte de la carta de servicios públicos, para ofrecerlos con mayor eficacia y a precios más competitivos.

Pero, en relación con el proceso de diálogo abierto en estas semanas con los agentes sociales y el Gobierno, les diré que CEPYME considera muy importante que este proceso culmine con un gran acuerdo. Y además, dadas las circunstancias actuales, considero que es muy conveniente la incorporación al mismo de los principales partidos políticos con representación parlamentaria.

De esta manera, creo, se garantizaría la pervivencia del modelo, independientemente de la relación de mayorías que se conformen en el Parlamento nacional en el futuro.

Sin embargo, siendo todo esto muy importante, insisto en que nuestras propuestas van más allá. Tienen mucho más que ver con la construcción de un entorno favorable al desarrollo de la iniciativa ciudadana, y en particular de las pymes, que suponen más del 90% del tejido empresarial de España.

Porque, no tengan la menor duda: la pyme, por su tamaño y por su dinamismo, es la pieza clave para remontar la crisis en este país.

A mi juicio, el nuevo concepto de pyme se debe conformar en un marco presidido por cuatro principios básicos:

  1. Un nuevo modelo normativo, que simplifique los trámites, que abarate sensiblemente los costes de la puesta en marcha de una empresa, y que flexibilice su capacidad de adaptación a las distintas circunstancias del mercado.
  2. Una nueva cultura para ganar en competitividad, mediante la incorporación definitiva de todo el tejido pyme a las nuevas tecnologías y a las estrategias basadas en la innovación.
  3. Un nuevo marco financiero, en los términos en los que me he referido a este capítulo hace unos instantes.Y
  4. Un nuevo horizonte sin fronteras, con el fin de facilitar el acceso de las pymes a nuevos mercados.

Cuatro grandes retos que son los principales puntos de referencia del trabajo que desarrollamos en CEPYME desde el pasado mes de junio y en los que vamos a profundizar.

En fin, termino ya.

Espero haberles transmitido un mensaje de moderado optimismo. No exento de una dosis adecuada de realismo, porque la coyuntura económica es muy adversa. Pero optimista, al fin y al cabo, porque el dinamismo y la fortaleza de la iniciativa social es imparable.

Y no tengan ustedes la menor duda: las pymes, que son el mejor termómetro para medir el dinamismo de una sociedad, serán la clave de la recuperación económica de este país.

Fecha de publicación: 27/01/2011